La figura del perito judicial constituye uno de los pilares silenciosos pero esenciales del sistema de justicia. En un contexto en el que los litigios son cada vez más complejos y la toma de decisiones exige un conocimiento técnico especializado, la labor del perito se ha convertido en un elemento decisivo para garantizar resoluciones justas, fundamentadas y comprensibles. Sin embargo, pese a esta importancia objetiva, la realidad normativa y profesional del perito en España continúa marcada por carencias estructurales que dificultan el pleno reconocimiento de su función.

El creciente valor del perito judicial en un sistema jurídico complejo

La Administración de Justicia se apoya en los peritos para interpretar cuestiones que exceden el ámbito estrictamente jurídico: ingeniería, economía, medicina, arquitectura, informática, delimitación inmobiliaria, criminología, arte, tasación, entre muchas otras. El juez, obligado a resolver conforme a criterios de racionalidad y prueba, necesita apoyarse en profesionales capaces de traducir la complejidad técnica a un lenguaje claro, verificable y metodológicamente sólido. Un buen dictamen pericial es clave para la resolución de conflictos.

El perito no solo aporta conocimiento; aporta seguridad jurídica. Su dictamen orienta, aclara y, en muchos casos, determina el sentido de una resolución judicial. La calidad de un informe pericial puede marcar la diferencia entre una sentencia justa y una decisión insuficientemente fundada. Por ello, la sociedad necesita peritos formados, actualizados y conscientes de la trascendencia de su trabajo.

La necesidad de una regulación más rigurosa y homogénea

A pesar de esta relevancia, la regulación del perito judicial en España sigue siendo fragmentaria, insuficiente y, en ocasiones, anacrónica. La Ley de Enjuiciamiento Civil establece principios generales, pero no existe un sistema estatal de acreditación, certificación o control de competencias que garantice estándares adecuados de calidad. El acceso a las listas judiciales depende, en gran medida, de la mera inscripción en un registro profesional o de la pertenencia a un colegio o asociación, sin que se exijan filtros formativos o evaluativos comparables a los de otros países europeos.

En Francia, Alemania, Italia o Bélgica, por ejemplo, el perito judicial está sometido a procesos de acreditación rigurosos, evaluaciones periódicas y sistemas de formación obligatoria. La condición de perito es un reconocimiento público que se obtiene tras demostrar experiencia profesional, solvencia técnica, titulación oficial y la superación de pruebas estatales específicas. En España, en cambio, la ausencia de un marco estatal sólido de acreditación genera desigualdades, inseguridad y una percepción social limitada del valor real del perito.

Esta falta de regulación no solo perjudica a los profesionales que ejercemos con rigor nuestra labor pericial, sino también a la ciudadanía, que merece informes periciales elaborados por expertos cualificados y sometidos a estándares de calidad.

El papel imprescindible de las asociaciones de peritos

Ante esta situación, las asociaciones profesionales de peritos desempeñamos un papel fundamental. Somos, en muchos casos, el único espacio donde los peritos encontramos respaldo institucional, formación continua y una comunidad comprometida con la excelencia técnica y ética.

Integrarse en una asociación de peritos aporta ventajas que trascienden lo meramente corporativo:

• Defensa de los intereses profesionales: Las asociaciones de peritos actuamos como interlocutoras ante la Administración, los órganos judiciales y los operadores jurídicos, reivindicando mejoras normativas y condiciones de trabajo adecuadas.
• Formación continua y especializada: La actualización permanente es imprescindible en un entorno técnico en constante evolución. Las asociaciones ofrecemos cursos, talleres, jornadas y recursos que permiten al perito mantenerse al día y mejorar la calidad de sus dictámenes.
• Visibilidad y reconocimiento: La pertenencia a una asociación facilita la presencia del perito en las listas judiciales, en directorios profesionales y en actividades de divulgación. Además, genera confianza entre abogados y jueces, que valoran la pertenencia a entidades que garantizan estándares de calidad.
• Ética y buenas prácticas: Las asociaciones establecemos códigos de conducta, protocolos metodológicos y criterios de calidad que contribuyen a profesionalizar la actividad pericial.
• Comunidad y apoyo profesional: El perito, que a menudo trabaja de forma individual, encuentra en las asociaciones un espacio de colaboración, intercambio de experiencias y asesoramiento mutuo.

Una llamada a la responsabilidad colectiva

La mejora del sistema pericial en España no puede depender únicamente de la iniciativa individual. Requiere una acción conjunta: de la Administración, que debe avanzar hacia una regulación más exigente y homogénea; de los operadores jurídicos, que deben reconocer y valorar la labor del perito; y de los propios profesionales, que debemos comprometernos con la excelencia y la formación continua.

La Asociación de Peritos Colaboradores con la Administración de Justicia de la Comunidad Valenciana y todas las demás integrantes del Consejo General de Peritos, representamos hoy una herramienta imprescindible para impulsar este cambio. Nuestra labor de formación, divulgación y defensa profesional contribuye a dignificar la actividad pericial y a garantizar que la ciudadanía pueda beneficiarse de informes periciales elaborados con rigor, independencia y solvencia técnica.

El futuro del peritaje judicial en España pasa, necesariamente, por fortalecer la profesionalización del sector y por avanzar hacia un modelo más cercano al de nuestros vecinos europeos. Un modelo en el que el perito sea reconocido como lo que realmente es: un garante de la calidad de la justicia.

Alberto Antón Merino

Presidente de la Asociación de Peritos

Colaboradores con la Administración de Justicia de la Comunidad Valenciana

Presidente del Consejo de Peritos Judiciales